Sánchez defendió por escrito hace sólo 17 días una postura contraria sobre Marruecos y el Sáhara

El giro de Pedro Sánchez sobre la cuestión de Marruecos y el Sáhara Occidental ha sido tan histórico como inesperado. En un comunicado, el Reino alauí avanzaba este viernes que el Gobierno español considera que el plan de autonomía planteado por Marruecos constituye «la base más seria y realista» para lograr una solución a este conflicto. Desde el Ejecutivo se confirmó esta información asegurando que supondrá el «inicio de una nueva etapa en la relación con Marruecos». Lo cierto es que, hace apenas 17 días, el Gobierno español aún defendía una postura opuesta a la que sostiene ahora. Esto es, básicamente, la que siempre ha venido defendiendo España: la solución negociada y acordada entre Marruecos y el Frente Polisario, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas. Ningún Gobierno español había apoyado de forma explícita las reivindicaciones de una de las partes, como ahora hace Sánchez con Marruecos. La postura era mantener la neutralidad en la búsqueda de una solución al conflicto, de acuerdo a la ONU.

En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, fechada el pasado 1 de marzo, el Gobierno ahondaba precisamente en esa línea: «Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, la posición de España es constante. España defiende la centralidad de Naciones Unidas y apoya los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, tal y como establecen las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas».

Ahora, Sánchez acepta una solución radicalmente opuesta a la que España ha mantenido durante 46 años, apoyando directamente a Marruecos -que defiende la autonomía del Sáhara pero dentro del país- frente al referéndum de autodeterminación de los saharauis.

La decisión supone también un giro histórico con respecto al propio programa electoral del PSOE que dice textualmente: «Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui».

«Nueva etapa»

En un comunicado difundido este viernes tras la noticia adelantada por Marruecos, el Gobierno español expresó el inicio de un «nueva etapa» basada «en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente».

La nueva etapa en la relación se desarrollará en el marco de «una hoja de ruta clara y ambiciosa» y «todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países», añadió Moncloa. Además, el Ejecutivo destaca la determinación de los dos países de «afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación, y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes, en beneficio de nuestros pueblos». En la nota de las autoridades marroquíes no hubo mención alguna a estos temas. Y tampoco a la españolidad de Ceuta y Melilla, un asunto delicado en las relaciones con Marruecos.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se limitó a señalar este sábado que la postura del Gobierno al apoyar a Marruecos en el conflicto del Sáhara pone de manifiesto que España tendrá una relación «buena» y «estable» con Marruecos, con el compromiso de colaborar contra las mafias de trata de personas y contra la inmigración ilegal.

‘Caso Ghali’

Con esta decisión, el Gobierno español da por zanjada la crisis con Marruecos, con quien las relaciones han sido especialmente tensas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. En este tiempo, esas relaciones han estado marcadas por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la respuesta de Marruecos con la entrada de miles de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla. El caso provocó una crisis diplomática entre ambos países y Marruecos aún no ha enviado de vuelta a Madrid a su embajadora, a la que llamó a consultas en mayo. Precisamente esta semana se conocía un auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, a cargo de las pesquisas sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, en el que apunta que «el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta».

Crisis con Podemos

El movimiento ha provocado una nueva crisis con Podemos, que tienen en la causa saharaui una de sus banderas en política exterior.

«Reafirmo mi compromiso con la defensa del pueblo saharaui y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», ha defendido en las últimas horas la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha advertido que «toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui».

Por su parte, la secretaria general de Podemos Ione Belarra ha coincidido en que la cuestión del Sahara «exige una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes’ de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad que prevea la libre determinación del pueblo saharaui’». Belarra ha advertido a Sánchez que «España no debe apartarse del derecho internacional».

La decisión ha sorprendido también al Partido Popular. En un comunicado, la formación manifestó este viernes su enorme malestar por no haber sido informado de un tema que es «uno de los pilares de la política exterior española».

«Consideramos intolerable que este cambio de una posición política de consenso tradicional, indudablemente una política de Estado, con 47 años de antigüedad, se haga sin informar al principal partido de la oposición, lo que pone en evidencia cuál es la forma en la que Pedro Sánchez entiende la política de Estado», criticaron los populares.

Para el PP, «la imagen exterior de España de nuevo está en el nivel más bajo de la historia de la democracia» y han solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique «a qué se debe este cambio de postura».